Ajustes técnicos razonables en materia de accesibilidad

Ajustes técnicos razonables en materia de accesibilidad. Imagen que muestra los planos de estado actual y modificado de un portal en el que se ha retranqueado la puerta para eliminar un escalón de 12cm y salvarlo con una rampa del 6%Mucho se está oyendo hablar de los “ajustes técnicos razonables” en materia de accesibilidad pero qué son y qué implica la última normativa aprobada. En este post os vamos a intentar aclarar los datos más importantes.

La normativa actual, tanto la propiamente dicha de accesibilidad, Real Decreto Legislativo 1/2013 (Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social), como la que la trata transversalmente, Ley 8/2013 (­Ley de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas), definen y obligan a realizar ajustes razonables de accesibilidad en edificios existentes antes del 4 de diciembre de 2017.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su disposición adicional tercera, que antes del 4 de diciembre de 2017 todos los edificios deberán cumplir en medida en que sus condicionantes de partida lo permitan el DB SUA.

Este documento básico, en todas sus secciones, no solo la de accesibilidad (ya que no se deberán menoscabar las condiciones de seguridad), será el guion a seguir para conseguir implantar el mayor grado de adaptabilidad en el edificio. Esta ley de derechos de personas con discapacidad se basa en la definición de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, relativa a la definición de los ajustes razonables son:

 “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”

Siguiendo este criterio nos debemos remitir al Real Decreto Legislativo 1/2013 que en su artículo 2, apartado m), indica y concreta lo que son estos ajustes razonables:

 “son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos”

Con todo esto tenemos que antes del 4 de diciembre de 2017 todos los edificios deberán realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada (ajustes técnicos razonables), para mejorar la accesibilidad. A partir de este momento surge la duda de cómo cuantificar la “carga desproporcionada”. Para resolver esta cuestión, la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, concreta en su artículo 2, apartado 4, que se entiende por ajuste razonable:

 “las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

 

CONCLUSION

Por tanto, antes del 4 de diciembre de 2017 deberán estar ejecutados los ajustes razonables en materia de accesibilidad, que se cuantifican en 12 mensualidades de gastos comunes, más las posibles ayudas, obligando a todos los propietarios a su realización.

En caso que el importe de la medida de mejora supere esta cantidad, el/los interesados en la misma, podrían aportar la diferencia y considerarse la misma como ajuste razonable, al entrar en ese margen de 12 mensualidades.

En estos momentos toda la comunidad de propietarios tiene la obligación de afrontar el coste de estas obras, ya sea la eliminación de escalones, ampliación de huecos, mejora de los aparatos elevadores, etc…

En AREA15 nos ponemos a disposición de particulares y comunidades de propietarios para resolver cuantas dudas les surjan. Pueden contactar con nosotros a través de info@area15.es

 

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